Este año asistiremos al enjuiciamiento de las tres primeras juntas militares del Proceso, por los crímenes de la represión. El fallo será precedido por la etapa probatoria, donde las audiencias (públicas) de testigos permitirán a la población conocer los atroces delitos perpetrados contra toda ley, toda moral y toda religión.
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| «De justicia, cómo andamos?», por Alfredo Becerra, Acción (Buenos Aires), XVIII, 443, 1ra. quincena febrero 1985, p. 4. |
Las probanzas ya difundidas por la prensa y el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) autorizan a pronosticar que los ex comandantes recibirán condenas ejemplares.
¿Podemos deducir de este enjuiciamiento que ahora hay un Poder Judicial nuevo y distinto de aquel que sirvió de cobertura jurídica a estos mismos procesados por gravísimos crímenes?
Fue renovada, sí, la Corte Suprema de Justicia. Fue renovada también la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital, que tiene a su cargo la causa contra los ex comandantes.
Hubo, además, cambios de funciones, ascensos, retiros, renuncias y falta de confirmaciones.
Por otra parte, el gobierno radical negoció con los justicialistas la designación de jueces federales, que también son electorales con competencia sobre los asuntos internos y externos de los partidos políticos que frecuentemente se ventilan en los estrados. En estas negociaciones resultaron confirmados numerosos magistrados cuya actuación durante los últimos años los comprometió gravemente con el Proceso.
La renovación parece haber alcanzado a lo más importante del fuero federal. Pero en otros fueros -el laboral, por ejemplo- se siguieron respetando durante 1984 doctrinas que venían aplicándose desde 1976, pese a los cambios ocurridos en el país.
Tampoco se investigaron en 1984 muchas situaciones irregulares y a veces aberrantes ocurridas durante el Proceso. Entre éstas merecen destacarse los habeas corpus rechazados por detenidos desaparecidos y la actitud de los ministros de la Corte Suprema del régimen militar que mandó cerrar el sumario por irregularidades en la recepción de cadáveres (de posibles detenidos, incluso), en la Morgue Judicial.
A partir de 1976 fueron forzándose las argumentaciones y fundamentos de los fallos para revertir la tendencia en pos de un derecho más justo que venía abriéndose paso desde la década de 1930. Incluso llegó a invertirse el sentido de reformas legislativas que dieron mayores facultades a los jueces para buscar la justicia en cada caso, utilizándose dichas facultades para consagrar o establecer situaciones injustas.
Ahora se hace necesario restaurar la vieja y buena corriente, lo que no debería costar demasiado trabajo considerando que ha recibido consagración legislativa en nuestro país.
Para esta restauración habrá que aguardar que poco a poco se vaya abriendo paso en el Poder Judicial la mentalidad jurídica y constitucionalista.
La próxima creación del Colegio Público de Abogados -único- de la Capital Federal contribuirá a fortalecer el desarrollo de un Poder Judicial de jure y debilitar las áreas de antijuridicidad residuales. También ayudará a disipar las confusiones entre funciones que deben estar absolutamente diferenciadas, como son los tribunales, la administración pública y los estudios jurídicos.
Si el conjunto de la justicia evoluciona favorablemente de este modo, la ciudadanía podrá apreciar mejor el hecho de que por primera vez en nuestra patria los tribunales de la Constitución, integrados por civiles, enjuician a militares de máxima graduación que se arrogaron el papel de jefes de estado para delinquir.